Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Tijera en mano, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se veía contento, sonriente y aseguraba que el módulo carcelario por $26.000 millones que acababa de inaugurar en la Penitenciaría El Bosque, sur de Barranquilla, serviría para disminuir el hacinamiento carcelario y hacer frente a la inseguridad en la ciudad y su Área Metropolitana.

 

 

Eso fue el pasado 20 de abril. Hoy, cinco meses después, los tres pabellones con 510 celdas construidas con altos estándares de seguridad siguen cerrados, porque en el tijeretazo inaugural faltaron “obras complementarias”, como una garita, se les olvidó subir el muro perimetral que rodea las nuevas instalaciones y no tenían instalado el sistema de vigilancia de cámaras y otros aparatos electrónicos, fundamentales para el funcionamiento de este tipo de infraestructuras.

Milton Aníbal, directivo sindical del Inpec, afirma que el objetivo de la inauguración fue un simple show para la foto, para hacer ver que el gobierno saliente del presidente Iván Duque estaba entregando obras a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, la poderosa entidad nacional encargada de manejar todas las contrataciones para las cárceles.

 

 

Aníbal cuestiona que en la construcción de los tres pabellones no tuvieron en cuenta que el Inpec necesitará más guardianes de seguridad, que éstos deben contar un área de alojamiento, descanso y un comedor; tampoco construyeron salones para los obligatorios procesos de resocialización y educación de los internos.

 

 

Afirma el dirigente sindical que antes de que construyeran el nuevo módulo carcelario, en la Penitenciaría El Bosque faltaban 40 guardianes y por las nuevas instalaciones necesitarán, al menos, 20 más.

Hacinamiento e inseguridad: Personería

¿Para qué construir 510 celdas y no usarlas cuando existe un hacinamiento desbordado en las cárceles de Barranquilla?

La pregunta de Emisora Atlántico y Zona Cero.com surge al conocer, de parte del personero distrital, Miguel Ángel Alzate, las cifras que persisten de la sobreocupación. Desde que se posesionó, el funcionario lleva un registro diario de las personas privadas de la libertad, situación que, afirma, sigue siendo “alarmante y preocupante”.

 

 

De acuerdo con las estadísticas que recibe la Personería, ayer en la Cárcel Modelo había 599 presos, cuando puede recibir 454: es decir, tenía 31% de reclusos por encima de su capacidad; en la Penitenciaría El Bosque había 1.149 presos y su máximo es de 640, para un 79% más, y la Cárcel Distrital tenía 390 privados de la libertad, aunque su capacidad es de 300, un 30% mayor a su población carcelaria.

Sumando los privados de la libertad, 2.138, en las tres cárceles da un 53% más por encima de la capacidad total, 1.394.

Calculadora en mano, el personero llama la atención sobre que si estuvieran en funcionamiento las 510 celdas, la ocupación en La Modelo, El Bosque y la Distrital bajaría al 12%.

Domiciliarias sin control

El que haya un mayor porcentaje de ocupación en las cárceles ha ocasionado otra crisis: las Estaciones de Policías hoy siguen repletas de capturados. Las cifras de la Personería reflejan un mal mayor.

En la Estación San José la capacidad es para 6 detenidos y hay 98 (1.633% de sobreocupación); en la de Simón Bolívar hay 69 contra 6 que debe ser el máximo (1.150%) y en la del Bosque hay 129 cuando lo máximo deben ser 10 (1.190%)

Los alarmantes porcentajes del caos carcelario no paran ahí. En materia de detenciones domiciliarias lo que se vive en un saludo a la bandera respecto a lo que debe ser la justicia actuando contra el delito.

Las domiciliarias otorgadas por los jueces suman en el Área Metropolitana 6.842. De éstas, solamente 161 condenados deben estar en sus casas con brazalete y 411 sindicados deben portar en sus viviendas el sistema electrónico de vigilancia.

Es decir, hay 6.270 presos sobre los que no hay control alguno, no hay forma de rastrear si de verdad están cumpliendo las detenciones domiciliarias que les otorgaron.

Como si lo anterior fuera poco, para vigilar a esos 6.842 presos con detención domiciliaria el Inpec solamente dispone de seis funcionarios que utilizan dos motos. Imposible que cada guardián rastree a 1.140 privados de la libertad que deben estar en sus viviendas, advierte el Personero.

 

 

Todo este escenario muestra cómo Barranquilla y su Área Metropolitana están expuestas al más tóxico de los cocteles que atenta contra la seguridad: existe un sistema carcelario en caos y sobreocupado, igual al del resto del país, aunque aquí la Uspec se da el lujo de no usar toda la infraestructura disponible para reducir el dañino hacinamiento en el que antes que resocialización lo que hay es más criminalidad y, segundo, hay un sistema judicial desbordado, al extremo de que los presos terminan en las calles sin ningún control y sin verdaderas condiciones de resocialización, concluye el personero Miguel Ángel Alzate.

 

 

Para hablar sobre los tres pabellones que continúan cerrados quisimos hablar con el director nacional de la Uspec, Andrés Díaz, pero el funcionario no estuvo disponible.